UNA SOLUCIÓN AL CONCURSO DE ACREEDORES

EN LA QUE TODO SON VENTAJAS.

Desde el inicio del Covid anticipábamos la avalancha de concursos de acreedores. Poco después se permitió retrasar la presentación al Juzgado del concurso hasta enero del próximo año 2021 y, comentábamos, que el mayor endeudamiento de las empresas ante la difícil situación del mercado, (sin tener una salida clara para el negocio), en la mayoría de los casos produciría un incremento de la responsabilidad económica de los administradores si no adoptaban soluciones novedosas.

La venta de las empresas es posible en muchísimos casos aunque, los administradores, frustrados por la evolución negativa del mercado, los problemas de tesorería, del negocio, las reclamaciones de los acreedores, las exigencias de avales de la banca, Hacienda y S.S., se den por vencidos y la consideren en la práctica imposible.

El administrador del negocio sabe que el valor que pueda tener su empresa, se devaluará con la entrada en concurso del negocio, lo que le deprime aún más, y le impide ver que esta posibilidad simplemente le ayudará a salir de la negativa dinámica en que se encuentra.

Esta situación tiene solución y no se ha aplicado hasta ahora, a pesar de que está en la Directiva (UE) 2019/2013, que ordena a los estados garantizar un procedimiento más eficiente y ordenado para la liquidación de las empresas.

Por lo tanto, ya se puede huir del sistema habitual donde se eterniza el procedimiento del Concurso de Acreedores, utilizando vías que ya se aplican en otros países como los anglosajones (Prepack o Prepackaged) o en los Países Bajos (Silent Trustee), y que hace muy pocos días ya se han aceptado en dos Juzgados de Barcelona.

El sistema es muy simple. Sin hacer ningún movimiento en la empresa (o grupo de empresas, cuando no se puede vender una empresa sin la otra), se comunica al Juzgado que la empresa inicia negociaciones con los acreedores para buscar una solución a las deudas que parecen imposibles de asumir (Pre-concurso) y, asimismo (y aquí está una primera  novedad), se manifiesta que se entra en negociaciones con posibles compradores de la unidad productiva.

Con el Preconcurso, como es sabido, ya se consiguen paralizar los procedimientos de ejecución contra la compañía.

Una segunda novedad es que, para que el proceso de la venta de la unidad productiva se realice de forma transparente y pueda después ser aprobada por el Juez del Concurso, se designa un Administrador Judicial, quien pasará a ser el Administrador Concursal el día que se declare el Concurso y quién recomendará al Juez la venta de la unidad productiva, con lo que la venta se realizará de forma simultanea o inmediata a la declaración del concurso por el Juez. Una solución rápida en la que todo son ventajas.

La venta de activos se prepara hasta el último detalle con carácter previo a la declaración del concurso con el consentimiento de este Administrador Judicial, que será el administrador Concursal.

Ello es posible porque el Administrador Judicial independiente, seguirá criterios rigurosos de publicidad, de confidencialidad y transparencia con los compradores y mantendrá informado al Juez, quien podrá aprobar la venta de la unidad productiva a la vez que declare judicialmente la situación de concurso.

Los acreedores, se verán sorprendidos ante esta estrategia y frente la opción habitual de liquidación concursal, (que significa cobrar cero en el 95% de los casos), probablemente no verán como oponerse a una venta real e inmediata que algo real, ya está dando al concurso.

Conviene recordar que la empresa fabricante de coches Chrysler, que Barak Obama había definido como el icono de la industria de EEUU, cuando entró en concurso (Bankruptcy), el Juez tuvo que aceptar la solución de permitir la “venta anticipada”, pues la compañía perdía 100 millones de euros por cada día que pasaba, solución jurídica absolutamente impensable para España y a la que ahora ya nos vamos acercando. Puede ver en un gráfico simple al final de este artículo los diferentes pasos.

Si necesita comentar la viabilidad económica de su empresa en nuestra firma, SALIP–ABOGADOS.COM, le podemos ofrecer diferentes soluciones que se adapten a la situación de su empresa. Hemos tenido la oportunidad de tramitar un concurso en el que han podido cobrar absolutamente todos los acreedores, trabajadores, Hacienda, S.S., etc., e incluso algún socio, ha cobrado más un millón de €, al haber podido desarrollar una eficaz gestión global, incluso de venta.

Gráfico de los pasos

  1. Petición Preconcurso + Administrador Judicial.
1. Se pide en el Juzgado el preconcurso más el administrador Judicial

2 Se aprueba la petición.

2 El Juez aprueba la petición y nombra el administrador judicial .

3. Se paran todas las ejecuciones contra el deudor

3. Se paran todas los intentos de subasta de los bienes de la empresa.

4 Negociación y redacción de acuerdos de venta de activos.

4. Se preparan con detalle todos los acuerdos

5 Declaración de concurso y aprobación por el Juez de los acuerdos en un paquete.

5. El Juez declara el concurso y aprueba los acuerdos .

6 Administrador Concursal ejecuta los acuerdos.

Todo lo que antes se negoció y redactó.

Fin del Concurso de acreedores y de los problemas del administrador del negocio.

Finaliza el Concurso

LEY 2º OPORTUNIDAD. COSTE M. CONCURSAL

El precio del mediador concursal:

Lo establece el D.D. 1860/2004, que es el mismo que establece los honorarios del administrador concursal.

Cálculo de los honorarios:

a) Porcentajes aplicables sobre el activo

Activo (hasta euros)Importe retribuciónResto de activo (hasta euros)Porcentaje aplicable al resto de activo
00500.0000,600
500.0003.000500.0000,500
1.000.0005.5009.000.0000,400
10.000.00041.50040.000.0000,300
50.000.000161.50050.000.0000,200
100.000.000261.500400.000.0000,100
500.000.000661.500500.000.0000,050
1.000.000.000911.500En adelante0,025

A ESTA CIFRA HAY QUE SUMAR

b) Porcentajes aplicables sobre el pasivo

Pasivo (hasta euros)Importe retribuciónResto de activo (hasta euros)Porcentaje aplicable al resto de activo
00500.0000,300
500.0001.500500.0000,200
1.000.0002.5009.000.0000,100
10.000.00011.50040.000.0000,050
50.000.00031.50050.000.0000,025
100.000.00044.000400.000.0000,012
500.000.00092.000500.000.0000,006
1.000.000.000122.000En adelante0,003

En la mayoría de los casos en la 2ª oportunidad hay escasos o ningún activo, y los pasivos no suelen ser importantes, con lo que los honorarios suelen ser muy reducidos.

Además hay reducciones de honorarios que dependen de la naturaleza del deudor:

  1. Persona natural empresario: Reducción de honorarios en un 50 % 
  2. Persona natural sin actividad económica: Reducción de honorarios en un 70%.

Cuando se apruebe el acuerdo extrajudicial de pagos (AEP) el mediador tendrá derecho a cobrar un complemento del 0,25 % del valor del activo.

El mediador concursal cobrará:Durante los 6 primeros meses, a razón de un 10 % de sus honorarios al mes. (Cuando hayan activos. Sino, puede embargar salarios con las limitaciones legales.)

Posteriormente esta cantidad se reducirá a un 5 % mensual.

Hay que recordar que el deudor persona natural no empresario, está especialmente protegido, pues el mediador concursal que después sea nombrado administrador concursal en el concurso consecutivo no podrá percibir por el ejercicio del cargo más retribución que la que le hubiera sido fijada en el expediente de mediación extrajudicial, y hay que recordar que las actuaciones notariales o registrales descritas en el ley, no devengan ninguna retribución arancelaria.

Seguros, disminución del riesgo y disminución de la cuota

La afección que la crisis del coronavirus está teniendo y tendrá en la vida económica y comercial de nuestro país es un hecho que preocupa a toda la población. También es una realidad que la declaración del estado de alarma y las medidas tomadas a tal efecto han creado situaciones de excepcionalidad jurídica (suspensión de actuaciones procesales no urgentes, moratorias de préstamos hipotecarios, aplazamiento de impuestos, etc.). Pero ¿cómo puede afectar la declaración del estado de alarma a los contratos de seguro?

El contrato de seguro es aquel por el que el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas”, establece nuestra Ley de Contrato de Seguro en su primer precepto.

En la medida en que el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma limita la circulación de las personas, o suspende la actividad educativa presencial, o la apertura al público de la gran mayoría de los locales o establecimientos, el riesgo de que se produzcan los eventos que habitualmente aseguran las compañías, en muchos casos disminuye notablemente. En ciertas ocasiones, prácticamente desaparece.

Pongamos varios ejemplos:

1. En un negocio de restauración, que actualmente se encuentra cerrado al público y cuya apertura no se permite, desaparece el riesgo de que un trabajador sufra un accidente laboral cubierto por un contrato de seguro, o se reduce considerablemente el riesgo de sufrir un incendio provocado por las propias instalaciones, ya que la cocina o los demás aparatos electrónicos no están en uso.

2. Igualmente se reducen los riesgos de que ocurran determinadas eventualidades aseguradas en un centro educativo que no tiene alumnos.

3. O la imposibilidad de desplazarte en coche ha reducido la siniestralidad.

4. El abanico de casuística puede ser inmenso y se va ampliando en la medida en que la propia legislación al respecto va aumentando también.

Pero la pregunta a la que tenemos que responder es si nuestro ordenamiento jurídico prevé esta situación excepcional. Y la respuesta es SI, el artículo 13 de la Ley del Contrato de Seguro,  que hace referencia a la disminución del riesgo asegurado.

En concreto, dicho texto permite al tomador o asegurado, estando vigente el contrato de seguro, informar al asegurador de las circunstancias que disminuyan el riesgo en caso de que si hubieran sido conocidas en el momento inicial de la relación contractual le hubieran llevado a contratar el seguro en condiciones más favorables.

Y la consecuencia de esta comunicación, será que  al finalizar el período en curso cubierto por la prima, deberá reducirse el importe de la prima futura en la proporción correspondiente. En otro caso, el tomador del seguro tiene derecho a resolver el contrato y a que la aseguradora le devuelva la diferencia entre la prima abonada y la que le hubiera correspondido pagar desde el momento en que comunicó la disminución del riesgo.

Por tanto, los tomadores de un seguro, y  los asegurados cuando se refiera a un comercio de hostelería, un centro educativo, museo, o de cualquier otra entidad cuya apertura al público está suspendida por medio del estado de alarma, y que precisamente cobran sentido como negocio sólo cuando sus instalaciones están abiertas al público,  o de un vehículo a motor que no puede circular debido al estado de alarma, deberán comunicar de manera fehaciente, y a la mayor brevedad posible, a sus compañías aseguradoras, la disminución de los riesgos asegurados por esta situación excepcional.

Nuestro despacho analizará su situación,  y le ofrecerá un asesoramiento detallado en defensa de sus intereses. Póngase en contacto con nosotros en info@salip-abogados.com o al 932019830.

¿Qué sucede con las entradas de espectáculos, eventos culturales, eventos especiales, galas, eventos deportivos, entre otros?

Ilustración de Dos Entradas Para Un Concierto De Guitarra En Vivo ...

Tras la emisión de los Reales decretos en los que se regula el estado de alarma, la situación de este tipo de ocio queda muy clara. En los casos en los que resulte imposible que se cumpla el objeto del contrato, el consumidor tiene derecho a anular la operación durante en plazo de 14 días.

Antes de dicho Real Decreto, para solicitar la devolución del coste de las entradas a espectáculos nos basábamos en el artículo 1105 del Código Civil donde se regula la fuerza mayor.

Pero, tras lo citado anteriormente, si procede la resolución del contrato, el titular del servicio deberá obligatoriamente devolver las cantidades que hayan sido abonadas por el usuario. Para realizar la devolución disponen de un plazo máximo de 14 días y deberá realizarse mediante la misma vía que se efectuó el pago salvo que se pacte previamente otra vía con el usuario final.

Aún así, cabe la posibilidad de que el prestador del servicio ofrezca una alternativa como puede ser una fecha alternativa para celebrar el evento o bien un bono sustitutorio para su disfrute posterior. Si en un plazo máximo de 60 días el usuario no acepta la propuesta alternativa, el prestador deberá obligatoriamente reembolsar las cantidades abonadas.

A pesar de todo esto, el prestador del servicio podrá descontar los gastos que le ocasione el reembolso.

Contacte con nosotros en el 932019830 o en info@salip-abogados.com

¿Qué derechos tengo si he realizado una compra online?

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Si he realizado una compra vía online, la empresa deberá entregar los artículos sin demora indebida y siempre en un plazo máximo de 30 días desde que se entienda celebrado el contrato, a no ser que se hayan acordado previamente otros plazos de entrega diferente. Si estos plazos no se cumplen, el consumidor podrá resolver el contrato y, por tanto, la empresa deberá reembolsar todas las cantidades que hayan sido abonadas por el usuario sin demoras indebidas.

Email: info@salip-abogados.com Tlf: 932019830

¿Qué sucede con el pago de las cuotas mensuales academias, los gimnasios, los bonos del fútbol, etc?

How High Is Too High for 401(k) Fees? - Consumer Reports

Son servicios de tracto sucesivo ya que son pagos recurrentes de manera mensual.
Dichas actividades que se han visto anuladas pero incluso han podido ser pagadas por adelantado. En este caso, el prestador del servicio podrá ofrecer al consumidor la opción de disfrutar el servicio a posteriori cuando todo vuelva a la normalidad o bien realizar una minoración de futuras cuotas.


Si el usuario no estuviera de acuerdo con este tipo de alternativas, se le deberán reembolsar los importes de las cuotas que se hayan abonado en la parte proporcional al período en que dicho servicio no haya sido prestado. Además, no se deberán seguir cobrando nuevas mensualidades durante el tiempo en que el servicio no pueda prestarse con normalidad.


A pesar de ello, debemos tener en cuenta, que por el Estado de Alarma no procede la rescisión del contrato, de manera que una vez finalice la situación las partes volverán a asumir sus obligaciones contractuales.

No dude en contactar con nosotros en el 932019830 o en info@salip-abogados.com

CÓMO HACER TESTAMENTO EN ESTADO DE ALARMA – CORONAVIRUS

La crisis que estamos viviendo a causa del Covid-19 hace que muchas personas, pensando en su familia, quieran hacer previsiones ante la posibilidad de enfermar.


En la situación normal, bastaba con ir al Notario para otorgar el testamento, ¿pero qué pasa si en esta crisis de coronavirus te das cuenta de la necesidad de poner en orden tu patrimonio en caso de muerte entre tus familiares y/o amigos?


La respuesta a esta pregunta es distinta en función de cual sea la vecindad (residencia habitual) del testador, pues el Código Civil Catalán, legisla de manera distinta a como lo hace el Código Civil Español.

TESTAMENTO EN ESPAÑA EN PLENA PANDEMIA POR EL COVID-19

El Código Civil Español prevé en su artículo 701, una forma de otorgar testamento en tiempos de epidemia, “En caso de epidemia puede igualmente otorgarse el testamento sin intervención de Notario ante tres testigos mayores de dieciséis años”.

No pueden ser testigos:

a) Aquellos que no entiendan el idioma del testador.
b) Los que no tengan el discernimiento necesario para desarrollar su tarea de testigo.
c) Ni tampoco los herederos, legatarios o sus cónyuges, los parientes próximos dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Una vez otorgado, este testamento tendrá validez mientras dure la epidemia y durante los dos meses posteriores a la misma.


Pero cuando acabe la epidemia,

I. ¿Qué ocurre con el testamento si sobrevives, y, afortunadamente, no lo has necesitado?

El documento pierde toda validez a los dos meses y tendrás que ir al notario de la forma
habitual.

II. ¿Y si el testador muere durante la epidemia o los dos meses posteriores?

Que los beneficiarios tienen tres meses, a contar desde el día de su fallecimiento, para acudir a un notario para elevarlo a público y que pueda tener validez.

TESTAMENTO EN CATALUÑA EN PLENA PANDEMIA POR EL COVID-19

En el caso de Cataluña, como hemos indicado, la legislación es diferente, pues el Código Civil Catalán, prohíbe expresamente en su artículo 421-5.3, el testamento otorgado únicamente ante testigos, de modo que la solución dada por el Código Civil Español para casos de pandemia NO es de aplicación para los testadores que tengan vecindad civil catalana.

¿Qué testamento pueden otorgar las personas con vecindad civil catalana?

Ante la imposibilidad de otorgar un testamento notarial, debido al estado de alarma, la única
opción, es a través del llamado testamento ológrafo, más conocido como el testamento de puño y letra.

El testamento ológrafo se encuentra regulado en los artículos 421-17 a 421-19 del Código Civil de Cataluña.

Para que el testamento ológrafo sea válido deben cumplirse los siguientes requisitos:

  1. Ser mayor de edad o menor emancipado.
  2. Que esté escrito y firmado de manera autógrafa por el testador con la indicación del lugar
    y la fecha del otorgamiento. Si contiene palabras tachadas, enmendadas, añadidas o
    entre líneas, el otorgante debe salvarlos con su firma.
  3. Que se presente ante el notario competente a fin de que sea adverado y protocolizado.

En los testamentos ológrafos una vez otorgados, tras el fallecimiento del testador, los interesados disponen de un plazo máximo de 4 años para presentar el testamento ante el Notario para adverar su autenticidad y protocolizarlo.

Es importante asesorarse antes de otorgar el testamento, a fin de que éste cumpla con todos los requisitos de forma, así como, que su contenido sea conforme a Ley, pues es fácil que se declare nulo. Nuestro despacho le ofrecerá un asesoramiento detallado, consúltenos.

Haga su consulta por mail o teléfono.
Podemos mantener una reunión telemática, y si
su situación es urgente incluso personal.

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ACABAREMOS EN Y CON LOS JUZGADOS MERCANTILES

¿Solución a las insolvencias? Ninguna Ley ha sufrido tantas modificaciones como la Ley Concursal desde su nacimiento en el año 2003. Ayer se aprobó un texto que refunde la Ley que ha sufrido más modificaciones en menos tiempo.

El problema no es solo la Ley, ¿se puede Ud. imaginar en dos segundos como están los Juzgados de lo Mercantil de desbordados?, y en dos segundos más ¿que ha cambiado en los concursos de acreedores?

Los datos: En Cataluña tenemos sólo 14 juzgados de lo mercantil, que el pasado año 2019 han dictado 5.766 Sentencias aparte de muchas otras resoluciones como Autos y Decretos.

Respecto a la ejecución de sentencias, de las 1.548 que se han intentado en el año 2019 se han resuelto 1.289 y en trámite seguían habiendo a finales de 2019, la cantidad de 6.281. Es una cifra nada desdeñable que supera la capacidad de los juzgados.

La reforma: No interesa al empresario que se triplique el nº de artículos de la Ley, como así ha ocurrido, si no que se contemplen cuestiones esenciales, como la adoptada de tirar lejos la pelota de la falta de tesorería que impide atender normalmente los pagos, Puede ver en dos minutos la publicación del  29/4/2020, con el título  “CONCURSO DE ACREEDORES ¿APLAZADO?”, así como lo previsto el 22/4/2020 sobre la “AVALANCHA DE CONCURSOS” que vendrán.

La responsabilidad patrimonial de los empresarios que habían sufrido un fracaso, que afecta a la economía personal, es otro tema de interés, que se trató el 9/4/2020 con el título “SOLUCION ECONOMICA”,

En estos momentos, es básico prever las consecuencias de la crítica situación actual que se trataba el 30/3/2020 en “PEQUEÑAS EMPRESAS Y AUTÓNOMOS, LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DEL COVID19”. Se puede apreciar que la solución adoptada estos días por la Ley de tirar la pelota lejos, alargando el plazo para pedir el concurso al año 2021, sin auténticas ayudas de Europa, hay que valorarla bien, pues lamentablemente en determinados casos, podrá traer consecuencias muy graves para el bolsillo personal del empresario, por lo fácil que puede resultar ir tomando tiempo e ir engordando la bola de la deuda de su negocio, por ello un buen asesoramiento en estas circunstancias es esencial, para así poder solventar de la mejor forma posible. La problemática que en estos momentos están sufriendo las pequeñas empresas y autónomos.

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AYUDA A AUTÓNOMOS Y PYMES EN CASO DE QUE EL ARRENDADOR NO SEA UN GRAN TENEDOR.

¿Pueden aplazar el arrendamiento del local de negocio?
Sí. Se puede.

1. ¿Cómo proceder? Art. 2 Real Decreto-ley 15/2020
En el caso de que la pyme o autónomo cuente con un arrendador que no sea considerado un gran tenedor (ser titular de más de 10 inmuebles), es decir sea un pequeño propietario, podrá solicitar en el plazo de un mes, desde la entrada en vigor del Real Decreto–en vigor desde el 23 de abril-, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que la moratoria o la rebaja de la renta no se hubiera acordado por ambas partes previamente.
Se abre la posibilidad de aplicar la fianza para el pago de las rentas que se consideren aplazadas. En este caso, el arrendatario tendrá que reponer la fianza en el plazo de un año desde que se acuerde o hasta el vencimiento del contrato.

2. ¿Qué requisitos debe cumplir el arrendatario para solicitar las medidas? Art. 3 Real Decreto-ley 15/2020


En el caso de autónomos:


Que estén afiliados y en situación de alta en la fecha de la declaración del Estado de Alarma en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar o, en su caso, en una de las Mutualidades sustitutorias del RETA;

Que su actividad se encuentre suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del RD 463/2020 o, en el supuesto de que no se haya suspendido, que se haya reducido su facturación del mes natural anterior a aquel en que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75%, en relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior.


En el caso de PYMES:


Que no superen los límites establecidos en el artículo 257 de la LSC esto es (a) que el activo no supere los 4.000.000 de euros; (b) que el importe neto de la cifra anual de negocios no supere los 8.000.000 de euros; y (c) que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50.
Que su actividad se encuentre suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del RD 463/2020 o, en el supuesto de que no se haya suspendido, que se haya reducido su facturación del mes natural anterior a aquel en que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75%, en relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior.


Nuestro despacho analizará su situación, ofreciéndole un asesoramiento detallado sobre las claves para plantear la solicitud de moratoria. Buscamos la mejor solución para arrendador y arrendatario.


La mejor defensa, un buen asesoramiento. La mejor victoria, la que se obtiene sin ir a juicio.

No dude en contactar con nosotros en el 932019830 o en info@salip-abogados.com

AUTÓNOMOS Y PYMES, ¿PUEDEN APLAZAR EL ALQUILER DEL LOCAL DE NEGOCIO?

. Se puede aplazar.
El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, regula medidas paliativas de los efectos de la pandemia, entre, otros, en relación a los arrendamientos de locales de negocio para autónomos y pymes.


1.1. ¿Cómo ha de hacerse? Art. 1 Real Decreto-ley 15/2020.


Si el arrendador es un gran tenedor -considerando como tal a empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal a la persona física o jurídica que sea propietario de más de 10 inmuebles urbanos – excluyendo garajes y trasteros-, o una superficie construida de más de 1.500 m2- el arrendatario deberá solicitar, en el plazo de un mes- desde la entrada en vigor del Real Decreto 15/2020, el pasado 23 de abril- una moratoria en el pago de la renta durante el tiempo que dure el estado de alarma y las sucesivas prórrogas, así como las mensualidades siguientes si los efectos negativos de la crisis sanitaria persistiesen, hasta un máximo de cuatro meses desde la finalización del estado de alarma.


La moratoria es obligatoria para el arrendador, si el arrendatario la solicita.


1.2. ¿Qué requisitos debe cumplir el arrendatario para solicitar las medidas? Art. 3 Real Decreto-ley 15/2020


Si arrendatario autónomo:


Estar afiliado y en situación de alta en la fecha de la declaración del Estado de Alarma en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar o, en su caso, en una de las Mutualidades sustitutorias del RETA.

Que su actividad se encuentre suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del RD 463/2020 o, en el supuesto de que no se haya suspendido, que se haya reducido su facturación del mes natural anterior a aquel en que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75%, en relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior.


Si arrendatario pymes:


Que no superen los límites establecidos en el artículo 257 de la LSC esto es (a) que el activo no supere los 4.000.000 de euros; (b) que el importe neto de la cifra anual de negocios no supere los 8.000.000 de euros; y (c) que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50.


Que su actividad se encuentre suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del RD 463/2020 o, en el supuesto de que no se haya suspendido, que se haya reducido su facturación del mes natural anterior a aquel en que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75%, en relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior.


1.3. ¿Qué pasa con las rentas aplazadas?


Las rentas aplazadas deberán abonarse de forma fraccionada en el plazo de dos años desde la finalización de la moratoria o, en todo caso, desde la finalización del plazo de cuatro meses siguientes al fin del estado de alarma.


Si el plazo que resta de vigencia del contrato de arrendamiento o de cualquiera de sus prórrogas es inferior a los dos años indicados, en ese caso, las rentas aplazadas deberán abonarse en el tiempo que reste hasta la finalización del contrato de arrendamiento.


Este plazo será inferior si el tiempo de vigencia del contrato de arrendamiento o de cualquiera de sus prórrogas es inferior a los dos años referidos en cuyo caso las rentas aplazadas deberán abonarse en el tiempo que reste hasta la finalización del contrato de arrendamiento.


Consúltenos. Analizaremos su caso y le ofreceremos todas las claves para plantear la solicitud de
moratoria.


Para acceder al formulario de solicitud de moratoria, clicar aquí.